El Catálogo de Montes de Utilidad Pública surge como respuesta del proceso de desamortización del siglo XIX y constituye una garantía jurídica para la conservación del patrimonio forestal público para el bien de la sociedad

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública tiene su origen en el siglo XIX, como respuesta del proceso de desamortización impulsado por la burguesía progresista, bajo el marco de la revolución liberal, que tenía por objetivo la desvinculación de la propiedad de la tierra en manos muertas a favor de la burguesía liberal. Las leyes básicas de esta reforma fueron la de 1835 en materia de exclaustración, las leyes de la desamortización eclesiástica de Mendizábal de 1836 y 1837, y la ley de 1855 de Pascual Madoz con la que se inicia una nueva etapa que ponía en venta de los bienes del clero, los bienes de órdenes militares, los de la beneficencia, obras de culto religioso, instrucción pública y sobre todo los propios y comunes de los pueblos. En este último grupo se encuadran los montes públicos, propiedad de diferentes entidades públicas. Con el fin de excluir del proceso desamortizador y evitar la posterior venta de los montes y que, por tanto, acabar de nuevo en manos privadas, se creó el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, para incluir aquellos espacios forestales que, por la sus características singulares, habían de preservar para el interés general; una catalogación que posibilita jurídicamente que pasen a ser inembargables, imprescriptibles e inalienables.

Las primeras montes baleares incluidas en el Catálogo de Utilidad Pública fueron Binifaldó y Menut (incluidas con el número 1 y 2 respectivamente), las dos montes con más historia de las islas, desamortizadas en la iglesia en 1897 en base a la ley Madoz ( confiscadas el Santuario de Lluc – Escorca) e inscritas a nombre del Estado en 1901.

Posterior a la inclusión de Menut y Binifaldó, se han ido incorporando al Catálogo hasta día de hoy un total de 26 montes públicos, propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, los Consejos Insulares o de los Ayuntamientos , lo que suponen más de 11.000 ha públicas (73% de la superficie pública de las islas es de utilidad pública).

Foto: La finca pública de Cúber, propiedad de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, es un ejemplo de monte incluida en el Catálogo de Utilidad Pública por los servicios ecosistémicos que proporciona, en especial por su contribución a las reservas hídricas para la población.