Los espacios forestales públicos de las islas Baleares que tienen una especial singularidad, ya sea por los servicios que presta a la sociedad, o por los importantes beneficios ambientales y sociales que generan (para el su trascendencia en la recarga de acuíferos, por su contribución a la mitigación del cambio climático, fijación del suelo y evitar deslizamientos, por la gran biodiversidad que albergan, por el aprovisionamiento de recursos que ofrecen, etc), pueden ser declarados de Utilidad Pública y ser incluidos en el Catálogo, un registro de carácter administrativo donde se inscriben estos montes, y que pasan a ser consideradas de dominio público.
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública surge como respuesta del proceso de desamortización del siglo XIX y constituye una garantía jurídica para la conservación del patrimonio forestal público para el bien de la sociedad
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública surge como respuesta del proceso de desamortización del siglo XIX y constituye una garantía jurídica para la conservación del patrimonio forestal público para el bien de la sociedad
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública tiene su origen en el siglo XIX, como respuesta del proceso de desamortización impulsado por la burguesía progresista, bajo el marco de la revolución liberal, que tenía por objetivo la desvinculación de la propiedad de la tierra en manos muertas a favor de la burguesía liberal. Las leyes básicas de esta reforma fueron la de 1835 en materia de exclaustración, las leyes de la desamortización eclesiástica de Mendizábal de 1836 y 1837, y la ley de 1855 de Pascual Madoz con la que se inicia una nueva etapa que ponía en venta de los bienes del clero, los bienes de órdenes militares, los de la beneficencia, obras de culto religioso, instrucción pública y sobre todo los propios y comunes de los pueblos. En este último grupo se encuadran los montes públicos, propiedad de diferentes entidades públicas. Con el fin de excluir del proceso desamortizador y evitar la posterior venta de los montes y que, por tanto, acabar de nuevo en manos privadas, se creó el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, para incluir aquellos espacios forestales que, por la sus características singulares, habían de preservar para el interés general; una catalogación que posibilita jurídicamente que pasen a ser inembargables, imprescriptibles e inalienables.
Las primeras montes baleares incluidas en el Catálogo de Utilidad Pública fueron Binifaldó y Menut (incluidas con el número 1 y 2 respectivamente), las dos montes con más historia de las islas, desamortizadas en la iglesia en 1897 en base a la ley Madoz ( confiscadas el Santuario de Lluc – Escorca) e inscritas a nombre del Estado en 1901.
Posterior a la inclusión de Menut y Binifaldó, se han ido incorporando al Catálogo hasta día de hoy un total de 26 montes públicos, propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, los Consejos Insulares o de los Ayuntamientos , lo que suponen más de 11.000 ha públicas (73% de la superficie pública de las islas es de utilidad pública).
Foto: La finca pública de Cúber, propiedad de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, es un ejemplo de monte incluida en el Catálogo de Utilidad Pública por los servicios ecosistémicos que proporciona, en especial por su contribución a las reservas hídricas para la población.
Un total de 26 fincas públicas de Baleares están incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, lo que supone la protección de más de 11.000 ha forestales
Número de monte | Monte | Municipio |
01 | Binifaldó | Escorca |
02 | Menut | Escorca |
03 | La Victòria | Alcúdia |
04 | Comuna de Lloret | Lloret de Vista Alegre |
05 | Comuna de Bunyola | Bunyola |
06 | Sa Bassa | Fornalutx |
07 | Comuna de Sant Martí | Muro |
08 | Comuna de Caimari | Selva |
09 | Comuna de Biniamar | Selva |
10 | Puig de Sant Martí | Alcúdia |
11 | Son Moragues | Valldemossa |
12 | Sa Mola de Son Massip | Escorca |
13 | Son Fortuny | Estellencs |
Número de Monte | Monte | Municipio |
14 | Mortitx | Escorca |
15 | Míner Gran | Escorca |
16 | Puig de Santuïri | Pollença |
17 | Puig de Santa Magdalena | Inca |
18 | Tossals Verds | Escorca |
19 | Albarca, es Verger i s’Alqueria | Artà |
20 | Can Marroig i Can Ballet | Formentera |
21 | Ses Figueroles | Escorca |
22 | Cúber | Escorca |
23 | S’Albufera | Muro |
24 | Son Tries | Esporles |
25 | Coma des Prat | Escorca |
26 | Son Real | Santa Margalida |
Actualmente se está tramitando la inclusión en el Catálogo de nuevos montes como la finca de Galatzó, propiedad del Ayuntamiento de Calvià.
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública está regulado por la vigente básica estatal Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Tan sólo el 8,5% de la superficie forestal de las islas es pública. El resto está en manos privadas y repartida en un gran número de propietarios
En las Islas Baleares unas 18.251,66 ha forestales son de titularidad pública, lo que supone el 8,52% de la superficie forestal total.
Los titulares públicos de la superficie forestal son el Estado, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o las entidades locales (Ayuntamientos y Consejos Insulares).
Parte de la superficie pública, en concreto unas 11.213 ha están incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y, por tanto, gozan de una protección jurídica extra: son fincas demaniales, por lo que son inalienables (no se pueden vender), imprescriptibles (la posesión pública es indefinida), e inembargables (ningún juez ni autoridad pueden retenerlos).
Descubre el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de las Islas Baleares
Por islas, la superficie forestal pública es muy desigual. Mallorca concentra la mayor superficie pública, con unas 16.136 ha publicas, de las cuales 11.988 ha se localizan en la Sierra de Tramuntana.
Menorca, en cambio, tiene 1.447 ha públicas y las Pitiusas son las que menos superficie forestal pública tienen, con tan sólo 667 ha.
El resto de la propiedad forestal (el 91,48% de los terrenos forestales de las islas) son de titularidad privada y significativamente repartida en un gran número de propietarios. En Baleares hay un total de 13.299 propietarios forestales que representan el 9% de los propietarios de las fincas rústicas, mientras que el número de propietarios de las fincas agroforestales suponen un total de 22.969, un 16% del total.
Ahora bien, la gran mayoría de los propietarios forestales lo son de fincas pequeñas (el 60,6% de los propietarios lo son de fincas menores de 1 ha). En cambio el 0,78% de los propietarios lo son de fincas de más de 100 ha, y concentran el 22% de la superficie forestal total de las islas.
Muchos propietarios (60,6%) lo son de fincas pequeñas (menores de 1 ha), en cambio pocos propietarios (el 0,78%) concentran mucha superficie forestal (22%)
Foto: La Comuna de Bunyola, monte propiedad de l’Ajuntament declarada de Utilidad Pública por los valores ambientales y culturales que representa.
La superficie media de la finca forestal es de 5 ha y la de la finca agroforestal es de 11 ha. Aun así, el tamaño medio de la finca es desigual para cada una de las islas, lo que refleja las particularidades de cada una de ellas:
Isla | Sup. media finca forestal (ha) | Sup. media finca agroforestal (ha) |
Mallorca | 5,0 | 11,0 |
Menorca | 8,9 | 38,6 |
Eivissa | 4, 0 | 5,4 |
Formentera | 2,3 | 4,5 |
La superficie media de la finca forestal oscila entre las 2,3 ha de Formentera a las 8,9 ha de Menorca